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Derecho de familia

Derecho de familia

El orden en los apellidos de los hijos

Uno de los primeros trámites que deben realizarse cuando una persona nace es inscribir a esa persona en el Registro Civil para, así, dar fe de su existencia civil. Al hacerlo, al recién nacido se le atribuyen unos nombres y unos apellidos y, de ese modo, se le individualiza e identifica. En España, a la persona se la inscribe con dos elementos que conforman el nombre de esa persona. El primero de esos elementos es el nombre propio. El nombre propio es escogido por los padres. El segundo elemento del nombre de la persona son los apellidos. Éstos se imponen por filiación y son dos, el paterno y el materno. Al imponer dos apellidos se evita en gran medida la homonimia y se consigue que la identidad del padre y de la madre quede, de alguna manera, reflejada en la del hijo. ¿En qué orden se inscriben los apellidos? En la antigua regulación, recogida en la Ley 11/1981, se otorgaba preferencia al apellido paterno sobre el materno. Así, cuando la filiación estaba reconocida por ambas líneas, la paterna y la materna, al hijo se le colocaba como primer apellido el primer apellido del padre y como segundo, el primero de […]

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Derecho de familia, Divorcios y separaciones

Deberes de los cónyuges en el matrimonio

No importa el tipo de ceremonia que escoja una pareja para casarse. Por el mero hecho de hacerlo, los cónyuges adquieren una serie de obligaciones y derechos que vienen recogidos en los artículos 66, 67, 68, 69, 70 y 71 del Código Civil. El primero de esos artículos reafirma algo ya recogido en el artículo 32 de la Constitución Española: la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer dentro del matrimonio. En base a esa igualdad de derechos y deberes, el Código Civil impone una serie de deberes conyugales recíprocos. Esos deberes de los cónyuges son los que recogemos a continuación. Deber de convivencia El artículo 68 del Código Civil obliga a los cónyuges a vivir juntos. ¿Dónde? En el domicilio conyugal que entre los dos hayan decidido. ¿Qué sucedería si se incumpliera esta obligación conyugal? Que éste podría ser demandado/condenado por incurrir en un delito de abandono de familia. El delito de abandono de familia está tipificado en los artículos 226 y siguientes del Código Penal de 1995. Deber de fidelidad El mencionado artículo 68 establece también la obligación conyugal de guardarse fidelidad mutua. Hasta el 1978, el adulterio era considerado un delito. En la actualidad, la infidelidad […]

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Derecho de familia

El deber de alimentos entre parientes

En los artículos 142 y siguientes del Código Civil se regula lo que se conoce como el deber de alimentos entre parientes. En atención a dicho deber, una persona (el alimentante) está obligado a abonar una prestación o, en su defecto, a satisfacer de un modo directo las necesidades de una persona (alimentista) sólo por el hecho de que esta persona, con la que la primera guarda un vínculo familiar o de parentesco, se encuentra en una situación de necesidad. No encontrándose el alimentante en dicha situación de necesidad, el deber de alimentos entre parientes obliga a éste a “alimentar” al alimentista. Entrecomillamos la palabra alimentar porque cuando hablamos de alimentos dentro del ámbito del deber de alimentos entre parientes no estamos hablando de alimentos en el sentido estricto del término, sino de todo aquello que resulte indispensable para el sustento del alimentista, es decir, de educación, habitación, vestido, asistencia médica y, también, ocio. Éste último no aparece en el listado recogido por el Código Civil en los mencionados artículos en los que se regula el deber de alimentos entre parientes, pero ha sido considerado parte integrante del mismo por parte de la jurisprudencia que ha considerado que todo aquello […]

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Derecho de familia

Desahucio por precario tras un divorcio

En nuestro artículo «Precario versus comodato» ya señalábamos cómo la cesión de una vivienda puede dar lugar a dos figuras jurídicas: el precario y el comodato. Aunque puedan parecer lo mismo, no lo son. El comodato implica una entrega de una vivienda bajo unas condiciones de uso o plazo. Dichas condiciones aparecen recogidas en un contrato. El precario, por su parte, implica que el propietario cede la vivienda sin firmar contrato alguno y sin que se pague nada por dicha cesión. La práctica común del precario hace que muchos padres cedan una propiedad a su hijo o hija para que éste o ésta puedan vivir allí con su propia familia, es decir, con su pareja y sus hijos. Cuando esa pareja se divorcia puede darse la circunstancia de que la propiedad lo sea de los padres del progenitor no custodio, es decir, de aquél que no se queda con la custodia de los hijos. En estas circunstancias, es el progenitor custodio quien, finalmente y junto a los hijos comunes del matrimonio, acaba residiendo en la vivienda que, en puridad, es propiedad de los suegros. Éstos, en algunas ocasiones, optan por interponer una acción de desahucio por precario. ¿Cómo actúa la […]

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Derecho de familia

Las medidas de protección al menor en España

Todos podemos convenir en que, en la inmensa mayoría de los casos, es el entorno familiar el mejor lugar en el que puede crecer un menor. Bajo la patria potestad de los padres es, por regla general, como mejor puede desarrollarse un menor. Serán esos padres quienes se preocupen de satisfacer y cubrir todas las necesidades básicas que pueda tener ese hijo. Pero en ocasiones las cosas no son así. Bien sea porque la familia no puede hacerse cargo del menor, bien porque el entorno familiar no resulta aconsejable para el desarrollo del mismo, hay que buscar una opción que, más allá de la patria potestad, sirva para proteger al menor. Las medidas de protección del menor están reguladas en el ordenamiento jurídico español. Una vez determinada la necesidad de que ese menor sea atendido más allá del ámbito de la patria potestad, se deben activar los mecanismos jurídicos necesarios para elegir qué tipos de medidas de protección al final se establecen en cada caso concreto. El obtener el máximo número de beneficios para el menor será, siempre, el criterio que deba guiar todo el proceso de selección de las medidas de protección. Para elegir esas medidas de protección del […]

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Derecho de familia, Herencias y testamentos

La pensión de orfandad

¿Quién tiene derecho a la pensión de orfandad? Tienen derecho a la percepción de una pensión de orfandad los hijos del fallecido, sean biológicos o no. Los requisitos que deben cumplir para poder disfrutar de una pensión de orfandad son los siguientes: Tener menos de 21 años, aunque trabajen. En caso de trabajar, si el salario recibido por dicho trabajo no alcanza al salario mínimo interprofesional la edad se amplía a los 25 años. Lo mismo sucede cuando no se trabaja o si se está estudiando. Si se cumplen los 25 años mientras se cursan los estudios se prorroga la pensión hasta el primer día del mes inmediatamente posterior al inicio del siguiente curso académico. Si el hijo es mayor de 21 años, trabaja y sus ingresos son inferiores al salario mínimo interprofesional. Si es mayor de 21 años y no está incapacitado, no tendrá derecho a pensión. Tener reconocida una incapacidad permanente absoluta o una gran invalidez. En este caso siempre se tendrá derecho a la percepción de la pensión de orfandad. Si los hijos no son biológicos, debe darse una circunstancia para que sean merecedores de la pensión de orfandad: que hayan sido aportados al matrimonio por el […]

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Derecho de familia

Sobre la adopción nacional

Entre las formas de adquirir la filiación o pertenencia a una determinada familia, la adopción es una de las más importantes. Con carácter permanente, la adopción permite al adoptado convertirse a todos los efectos en hijo del adoptante. En toda adopción nacional debe intervenir el Estado, que debe preocuparse de que el interés del menor prevalezca sobre cualquier otro. Para que la adopción nacional sea efectiva debe ser instituida por un Juez. Él es el que determina si el adoptado puede seguir manteniendo vínculos con su familia natural, algo que sólo se da en casos excepcionales. Lo habitual es que, extinguido el vínculo entre el adoptado y la familia natural, desaparezca toda relación entre ellos. Requisitos para adoptar Para poder adoptar a un niño en España la familia adoptante debe cumplir una serie de requisitos. Entre los requisitos que deben cumplirse para que pueda realizarse una adopción nacional destacan los siguientes: No haber sido incapacitados. Es decir: estar en pleno ejercicio de los derechos civiles. Ser mayores de 25 años y tener al menos 14 años más que la persona adoptada. Si la adopción es solicitada por matrimonios o parejas de hecho de manera conjunta, bastará con que uno de […]

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Derecho de familia

La emancipación

Cuando hablamos de mayoría de edad estamos hablando de un estado civil por el que la persona adquiere plena independencia y capacidad de obrar. Con la llegada de la mayoría de edad se extingue la patria potestad. En España, y según se recoge en el artículo 315 del Código Civil, la mayoría de edad se adquiere, salvo en los casos en los que la persona sea declarada incapaz, a los 18 años. Mientras se es menor de edad, el menor se halla en un estado civil caracterizado por la sumisión y dependencia de dicho menor respecto a las personas que, bien sean sus padres, bien sus tutores, ejercen sobre él la patria potestad. Estas personas son las que ejercen la representación del menor. Estos representantes serán los que concederán el consentimiento necesario para que los menores puedan realizar determinados actos. Cuando hablamos de emancipación estamos hablando de un estado civil que permite al mayor de 16 años y menor de 18 disponer de su persona y de sus bienes como si fuera mayor de edad. La emancipación no implica que el emancipado pueda realizar todos los actos que realiza un mayor de edad. Un emancipado no puede, por ejemplo, pedir […]

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Derecho de familia

La prueba de paternidad

La prueba de paternidad es una prueba cuya finalidad es determinar si una persona es padre biológico de un niño o no. Si la finalidad de la prueba tiene como finalidad su uso en un procedimiento judicial, la prueba recibe del nombre de prueba de paternidad legal. La legislación española prima la obtención de la verdad biológica sobre la verdad registral, es decir: lo importante es saber quién es el padre biológico. La protección del derecho de toda persona a conocer el nombre de sus progenitores es un derecho especialmente protegido en España, lo que hace que la prueba de paternidad legal adquiera una gran importancia. Su fiabilidad, por otro lado, convierten a esta prueba en un argumento, si no directamente decisorio, sí muy determinante en manos de un juez. Cuando se excluye la paternidad (es decir, cuando el resultado es negativo), la fiabilidad es del 100%. Cuando, por el contrario, se reconoce la paternidad (es decir, cuando el resultado es positivo), la fiabilidad “desciende” hasta el 99,9999%. La validez legal de la prueba de paternidad está determinada por el cumplimiento de varios requisitos: En el proceso de toma de la muestra deben intervenir profesionales (peritos judiciales o médicos) que […]

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Derecho de familia, Divorcios y separaciones

Bienes gananciales y bienes privativos

Cuando hablamos de régimen de gananciales lo estamos haciendo del régimen económico matrimonial por excelencia, el más habitual en el derecho común y el que rige en todo matrimonio (salvo en Catalunya y Baleares) si no se pacta cualquier otro en las capitulaciones matrimoniales. Según el régimen de gananciales, al casarse, hombre y mujer forman una sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales no tiene, propiamente, personalidad jurídica. La sociedad de gananciales es una comunidad patrimonial en la que no se distinguen cuotas. La titularidad de todo lo que conforma la comunidad es una titularidad conjunta de ambos cónyuges. A través de dicha comunidad o sociedad, las ganancias o beneficios obtenidos de forma indistinta tanto por el marido como por la mujer se hacen comunes para ambos. En caso de disolución del matrimonio, dichos bienes se dividen por la mitad, y son atribuidos por mitad a cada uno de los cónyuges. Los bienes gananciales Los bienes gananciales vienen regulados en el artículo 1.347 del Código Civil. Según dicho artículo, dichos bienes son los siguientes: Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges. A este grupo pertenecen los sueldos o lo que los cónyuges ganen por […]

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Derecho de familia, Divorcios y separaciones

Patria potestad versus guarda y custodia

En demasiadas ocasiones, y en matrimonios que están tramitando su divorcio, se produce una gran confusión entre lo que es la patria potestad y lo que es la guarda y custodia de los hijos. ¿Qué es la patria potestad? El término patria potestad hace referencia al conjunto de derechos y deberes de los padres para con sus hijos. Ese conjunto de derechos y deberes lleva aparejada la protección integral así como el desarrollo y cuidado de los hijos. La guarda, representación y administración de los bienes de esos hijos sería uno de esos deberes que vienen determinadas por la patria potestad. La patria potestad pues, bien sea por acuerdo de los padres o por imperativo judicial, puede ejercerse total o parcialmente. El ejercicio parcial de la patria potestad suele tener lugar cuando entre los progenitores se produce una grave e insalvable desavenencia respecto a algún aspecto relativo a la educación del menor. Por ejemplo: la elección del tipo de centro educativo al que acudirán los hijos puede acarrear esa disensión insuperable. El hecho de que la educación de los hijos sea laica o, por el contrario, religiosa, puede ser, perfectamente, causa de discordia entre dos excónyuges. También la despreocupación de […]

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Derecho de familia, Incapacidad

Sobre la tutela

La tutela es una institución jurídica que tiene como finalidad proteger tanto a los menores y a los incapacitados como a sus bienes. Esa protección se debe realizar bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, que es quien da la orden para inscribir el cargo en el Registro Civil. La autoridad judicial, que es quien designa al tutor, junto al Ministerio Fiscal, deben supervisar el ejercicio de una tutela que afecta tanto a la dimensión personal del tutelado como a su dimensión patrimonial. En el primer caso, el tutor se encarga de proteger y garantizar los derechos y la mejora de vida del tutelado, así como de gestionar los apoyos y los servicios que lo hagan posible. En el segundo caso, el tutor tendrá que realizar una gestión eficiente del patrimonio del tutelado. Para asegurar que lo señalado anteriormente se cumpla, el tutor rendirá cuentas de su gestión y administración de bienes ante el Juez. Será el Juez también, en todo caso, quien deberá autorizarle para realizar cualquiera de los siguientes actos: Dar o tomar dinero a préstamo. Disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado. Internar al tutelado en un establecimiento de educación, formación especial o salud […]

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