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Multas y Administración Pública

movilidad de los funcionarios
Multas y Administración Pública

La movilidad de los funcionarios por motivos de salud

En algunas ocasiones, un funcionario público presenta alguna limitación psíquica y/o física que le impide realizar las tareas de su puesto de trabajo. Para hacer frente a estas situaciones, las Administraciones públicas deben establecer una serie de normas y procedimiento de movilidad de los funcionarios que, en lugar de basarse en los principios que rigen en el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo del funcionariado (y que son los de igualdad, mérito, capacidad y publicidad), se basen en motivos de salud. Así, gracias a dichas normas, se establece un procedimiento de carácter extraordinario de movilidad del funcionario. El artículo 78 del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo que habla de los principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera) establece que pueden existir diversos procedimientos: El más habitual de concurso y libre designación con convocatoria pública. El de movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario. Al mismo tiempo, en dicho Estatuto (EBEP) se recoge la posibilidad de que las leyes de Función Pública establezcan otros procedimientos de provisión. La Administración General del Estado, sin embargo, no ha desarrollado el Estatuto Básico del Empleado Público. No habiendo desarrollado la Administración dicho […]

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Derecho Fiscal, Multas y Administración Pública

Notificaciones de la Agencia Tributaria

Las notificaciones de la Agencia Tributaria son aquellos actos de comunicación que sirven para comunicar al contribuyente una determinada resolución o acto administrativo. La recepción de una notificación de la Agencia Tributaria (AET) marca el momento en que comienza a correr los plazos de cada procedimiento. ¿Dónde y a quién se realizan las notificaciones de la AET Las notificaciones de la Agencia Tributaria pueden realizarse en diferentes lugares. Si el procedimiento se ha iniciado a instancia de los interesados, la notificación se realizará en el lugar indicado por el contribuyente o por su representante. Si no existiera una indicación expresa por parte de ninguno de los dos, la notificación tributaria se efectuará en el domicilio postal de uno u otro. En el caso de que el obligado tributario o su representante no estuvieran presentes en el domicilio indicado para realizar la notificación, la podrá aceptar, previa identificación, cualquier persona que se hallara presente en el mismo. La experiencia dicta que se han admitido notificaciones tributarias entregadas a vecinos de la comunidad de propietarios, al portero de la finca e, incluso, a vigilantes de seguridad. Por su parte, y en el caso de que el procedimiento se haya iniciado de oficio […]

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Multas y Administración Pública

Sobre el silencio administrativo

Las Administraciones públicas están obligadas a resolver todos los procedimientos administrativos en el plazo fijado por las propias normas del procedimiento. El plazo para resolver los procedimientos administrativos no puede exceder de los seis meses. Sólo cuando una norma con rango de Ley especifique un plazo mayor (o cuando así lo prevea la normativa comunitaria) ese plazo podrá ser superior a seis meses. En el caso de que las normas del propio procedimiento no fijen un plazo, se entenderá que dicho plazo es de tres meses. Esto será siempre así salvo en dos circunstancias excepcionales: Que el procedimiento finalice por convenio o pacto. Que se ejerciten derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. Cuando se cumplen los plazos y la Administración, bien sea por falta total de tramitación del procedimiento, bien por su tramitación sólo parcial, no ha notificado una resolución, se considera que se ha producido una situación de silencio administrativo. En esos casos, el silencio administrativo se convierte en una ficción legal que trata de garantizar a los particulares el ejercicio legítimo de sus derechos. Tipos de silencio administrativo El silencio administrativo puede ser de dos tipos: positivo o estimatorio y negativos […]

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¿Cómo se notifican los actos administrativos?

Los actos administrativos deben ser notificados a los interesados cuando afecte a sus derechos o intereses. La notificación de un acto administrativo debe realizarse dentro de los diez días hábiles a partir de la fecha en la que el acto se haya dictado. El que la notificación se realice fuera del plazo de esos diez días no significa que la notificación quede invalidada. Lo único que sucede es: Que se demore la eficacia del acto que se notifica. Es decir: si el acto administrativo impone al interesado una obligación o deber de hacer o no hacer éste tardará algo más en dar cumplimiento a la orden que se le da. Que se produzca una demora en el tiempo en el que el interesado puede interponer un recurso contra un acto administrativo eficaz. Contenido de la notificación del acto administrativo Toda notificación de un acto administrativo debe contener: Texto íntegro de la resolución. Indicación de si el acto administrativo es definitivo o no en vía administrativa. Expresión de los recursos que procedan contra el acto, así como la del órgano ante que el pudiera presentarse y el plazo para hacerlo. Si todos los datos anteriores no están recogidos en la notificación […]

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El acto administrativo

El acto administrativo puede ser definido de dos maneras. O, mejor, dicho, son dos los actos que pueden ser catalogados como actos administrativos. El primero de ellos es aquel tipo de acto jurídico que es dictado por la Administración en el ejercicio de funciones administrativas. El segundo, toda declaración de voluntad, de juicio o de conocimiento que la Administración realiza de manera unilateral en el ejercicio de sus funciones y que es válida, eficaz y puede ser ejecutada. El de poder generar efectos es un requisito imprescindible que deben cumplir los actos jurídicos o las declaraciones para ser considerados actos administrativos. Los informes o los dictámenes, por su parte, no deberían ser considerados actos administrativos. Elementos del acto administrativo En los actos administrativos encontramos dos tipos de elementos: los subjetivos y los objetivos. Dentro del grupo de los elementos subjetivos del acto administrativo encontramos al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el destinatario del acto y puede ser una persona física o jurídica, pública o privada. El sujeto pasivo puede ser una colectividad concreta o una parte de ella. El sujeto activo, por su parte, es el creador del acto administrativo. Esto es: una Administración pública. […]

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Sobre la obediencia de los funcionarios públicos

A raíz de la convocatoria por parte de la Generalitat catalana del referéndum sobre la independencia de Catalunya y de la sentencia del Tribunal Constitucional declarando dicho referéndum inconstitucional y, por tanto, ilegal, se ha hablado mucho sobre la actitud que debían tomar los diferentes cuerpos de funcionarios ante la coyuntura y sobre a quién debían obediencia dichos funcionarios. En este post intentaremos aclarar el tema de la obediencia en el funcionariado público. Para empezar diremos que todo funcionario público (y aquí incluimos tanto a funcionarios públicos de carrera como a personal laboral o a interinos, tanto a funcionarios de la Administración General del Estado o a funcionarios las administraciones autonómicas o locales) está sometido al imperio de la Ley y, dentro de ella y como norma suprema que es del ordenamiento jurídico español, a la Constitución. Principios de Conducta de los Funcionarios Públicos Los principios de conducta de los funcionarios públicos vienen recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, este Estatuto señala que los principios de conducta del funcionario público son los siguientes: El funcionario público deberá tratar con atención y respeto a sus ciudadanos, sus superiores y […]

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Multas y Administración Pública

La valoración de las expropiaciones de negocios e industrias

La realización de obras públicas va habitualmente acompañada de expropiaciones. En algunas ocasiones, la expropiación no sólo afecta al suelo, sino que afecta también a inmuebles que están dedicados a negocios o están ocupados por algún tipo de industria. Cuando se realiza este tipo de expropiaciones, la Administración debe indemnizar al propietario o propietarios de dichos negocios e industrias tanto si la expropiación implica el cese del negocio como si implica su traslado a otro lugar. Las expropiaciones que afectan a negocios e industrias son las expropiaciones más complejas. La valoración de lo expropiado se efectúa siguiendo unas reglas generales. La primera de esas reglas tiene que ver con la titularidad de la indemnización. ¿Quién es el titular de la indemnización cuando se expropia un negocio o industria? Es decir: ¿quién recibe la indemnización por parte de la Administración cuando la expropiación afecta a un inmueble ocupado por un negocio o industria? Indudablemente, el titular de la indemnización por expropiación de negocios o industrias es el propietario o propietarios de dicho negocio o industria, que no tiene porqué coincidir con el propietario del inmueble. Si el propietario del inmueble (y del suelo) es distinto al propietario del negocio ubicado en […]

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Multas y Administración Pública

¿En qué consiste el cohecho?

No cesamos de oír su nombre en los medios de comunicación. Políticos y empresarios son condenados por haberlo cometido. Lo asociamos al concepto de corrupción pero, ¿sabemos con claridad en qué consiste el cohecho? El cohecho es aquel delito contra la Administración pública por el que una autoridad, un funcionario público o un particular (así como un jurado, un árbitro o un perito) realiza alguna de las siguientes acciones en provecho propio o de un tercero: Solicitar o recibir por sí mismo o por persona interpuesta cualquier dádiva o presente o acepte un ofrecimiento o promesa para, en el ejercicio de su cargo, realizar una acción u omisión constitutiva de delito. Ser autoridad o funcionario público y recibir o solicitar, por sí o por persona interpuesta, promesa o dádiva por ejecutar un acto injusto que no constituya delito y que sea relativo al ejercicio de su cargo. Ser autoridad o funcionario público y, por dádiva solicitada, recibida o prometida, se abstenga, en el ejercicio de su cargo, de realizar un acto que debería realizar. Corromper o intentar corromper a las autoridades o funcionarios públicos con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas. El cohecho, como delito contra la Administración pública, está regulado […]

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El recurso de alzada

Todo recurso administrativo puede entenderse como aquella acción que pretende impugnar un acto administrativo con la intención de anularlo o modificarlo. Dentro de los recursos administrativos podemos encontrar los siguientes tipos de recursos: Recursos administrativos en vía administrativa. Dentro de este grupo encontramos los recursos ordinarios (recurso de alzada, que es preceptivo, y recurso de reposición, que es facultativo) y los extraordinarios (recurso de revisión). Recursos administrativos en vía judicial. Estos pueden ser ordinarios (recurso contencioso-administrativo) o extraordinarios (recurso de casación al Tribunal Supremo). Como podemos ver si atendemos a la anterior clasificación, el recurso de alzada, de entre los recursos administrativos, es un recurso ordinario que se presenta en vía administrativa. ¿Contra qué tipo de actos puede presentarse un recurso de alzada? Contra los actos administrativos y los actos de trámite cuando no ponen fin a la vía administrativa y siempre que estos provoquen alguno de los siguientes supuestos: Que dichos actos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. Que dichos actos determinen de algún modo la imposibilidad de continuar el procedimiento. Que los actos produzcan indefensión. Que causen un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Para presentar el recurso de alzada hay que fundamentarlo en cualquiera […]

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Responsabilidad por daños causados por animales

En las facultades de Periodismo siempre se ha enseñado eso de que noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Y, sin embargo, de vez en cuando aparece en las páginas de los diarios una noticia en la que se habla de algún tipo de ataque por parte de alguno de estos animales a una persona. Cuando alguna de esas noticias adquiere relativa notoriedad siempre vuelve a hablarse de las consecuencias legales de dicho ataque. ¿Quién es responsable del mismo? ¿Cómo procede actuar legalmente para defender los propios intereses? En este post vamos a intentar contestar a estas preguntas. Lo primero que hay que destacar es que el responsable de los daños causados por un animal es siempre su poseedor. Ojo: su poseedor, no su propietario. Así lo determina el artículo 1905 del Código Civil y la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales potencialmente peligrosos. En la mencionada Ley 50/1999 se especifica también que el propietario está obligado a obtener una licencia administrativa para poder poseer dicho animal. Licencia administrativa para poseer un perro potencialmente peligroso Para obtener la licencia administrativa que […]

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La expropiación forzosa

El artículo 33.3 de la Constitución Española lo dice claramente: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”. Este artículo constitucional abre, pues, la posibilidad a que se produzca lo que se conoce con el nombre de expropiación forzosa. Es decir: aquella situación en que se produce una transferencia coactiva de un particular a la Administración pública. O, lo que es lo mismo, aquella circunstancia en la que la Administración pública se queda con algo perteneciente a un particular alegando motivos de utilidad pública o interés social o lo coge para entregarlo a un tercero (puede ser otra Administración o una persona física o jurídica privada). La expropiación forzosa está regulada en la Ley de Expropiación inmobiliaria Forzosa (LEF) de 16 de diciembre de 1954, en el Reglamento de 26 de abril de 1957 y en el Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 (Texto refundido de la Ley del Suelo). Elementos de la expropiación En toda expropiación forzosa intervienen una serie de elementos. Esos elementos son los siguientes: Expropiante. El expropiante es […]

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El cambio de nombres y apellidos

La legislación española permite a una persona cambiar su nombre, sus apellidos o el orden de éstos. El cambio de nombres y apellidos debe ser solicitado por el propio interesado (en caso de ser mayor de edad) o por los representantes legales del menor. El cambio de nombre Los cambios de nombres deben obedecer a una razón determinada y no pueden causar perjuicio alguno a una tercera persona. Lo más habitual es que el nombre inscrito en el Registro Civil se modifique cuando perjudica objetivamente a la persona y/o induce a error respecto al sexo. También se acostumbra a cambiar el nombre en los siguientes casos: Cuando el interesado lo solicita por usar habitualmente un nombre distinto del que consta en la inscripción de nacimiento. Cuando se rectifique la mención registral del sexo. Cuando se desea traducir un nombre extranjero a cualquiera de las lenguas españolas o adaptarlo gráfica o fonéticamente a las mismas. Cambiar el nombre inscrito por el impuesto canónicamente, si éste fuese el que normalmente se utiliza. Cambiar el nombre por el equivalente onomástico en cualquiera de las lenguas oficiales españolas. Hay circunstancias, sin embargo, en las que no se puede cambiar el nombre. Por ejemplo: aquéllas […]

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