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2Mar, 16
divorcio y gastos de vivienda

Una de las dudas que acostumbran a traer aparejado cada divorcio o cada separación es la de quién debe hacerse cargo de los gastos de la vivienda. Esa duda suele plantearse cuando a uno de los miembros de la pareja le ha sido adjudicada la vivienda para que viva en ella con los hijos custodios y no ha habido acuerdo escrito respecto a los gastos.

Antes de decidir cualquier cosa al respecto y decidir quién debe pagar qué, hay que distinguir los distintos gastos que puede acarrear una vivienda. Éstos pueden dividirse, fundamentalmente, en dos grandes grupos:

  • Gastos inherentes a la propiedad.
  • Gastos derivados del uso de la propiedad.

Como parece lógico concebir, los gastos derivados del uso de la vivienda deben ser sufragados por quien vive en ella y los gastos inherentes a la propiedad deberán ser sufragados por el propietario o los propietarios de la misma.

Ahora bien… ¿cómo distinguir los gastos inherentes a la propiedad de los derivados de su uso? La distinción puede fundamentarse en motivos o argumentos muy aleatorios. Para aclarar un poco las dudas, daremos unas indicaciones sobre los criterios más extendidos entre los tribunales a la hora de distinguir unos de otros.

Los gastos de suministros (la electricidad, el agua, el teléfono, el gas, etc.) suelen ser satisfechos (si no se ha pactado otra cosa) por la persona a la que se le ha atribuido el uso y disfrute de la vivienda.

Los gastos de la Comunidad de Propietarios, por su parte, pueden distinguirse en dos tipos de gastos: los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios (llamados también derramas). El hecho de que la Ley de Propiedad Horizontal señale que la obligación de contribuir al pago de los gastos generales le es impuesta al propietario de la vivienda, independientemente de que sea su usuario o no, ha servido al Tribunal Supremo para, en alguna ocasión, determinar que dichos gastos comunes deben ser sufragados por el propietario, sea o no la persona a la que, en la sentencia de divorcio o separación, se le ha atribuido el uso y disfrute de la vivienda.

Muchas Audiencias provinciales, sin embargo, han aplicado la tesis contraria: han atribuido el pago de los gastos ordinarios de la Comunidad de Propietarios al miembro de la pareja al que se atribuye el usufructo de la vivienda.

Los gastos extraordinarios o derramas, por su parte, deben ser sufragados por el propietario del inmueble. El argumento que se utiliza para justificar esta decisión es que, habitualmente, los gastos de derrama suelen emplearse en algún tipo de reforma que redunda en beneficio de la propiedad.

La misma distinción que con los gastos de la Comunidad de Propietarios hay que hacer con los gastos derivados de las reparaciones de la vivienda. Hay reparaciones ordinarias (llamadas también reparaciones necesarias) y reparaciones extraordinarias (llamadas también mejoras). Las reparaciones ordinarias tienen como finalidad mantener el inmueble en condiciones óptimas de uso y habitabilidad. Derivan del uso normal del inmueble y, por tanto, parece lógico que deban ser atribuidas al usufructuario del mismo. Las de mejora, por el contrario, repercuten en la propiedad. Como su propio nombre indica, acarrean una mejora de la propiedad. Es decir: la revalorizan. Esto hace que dichas reparaciones u obras de mejora deban ser sufragadas por el titular o titulares de la vivienda. La distinción entre un tipo de obras y otras puede acarrear discusiones y problemas. Una obra determinada, ¿de qué tipo es? Para decidirlo, habrá que tener en cuenta el coste de la reparación, el tiempo que tardará en llevarse a cabo, la revalorización o no del inmueble tras la misma y algún que otro factor.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por su parte, es un tributo municipal. El titular o titulares de la vivienda serán quienes deban pagarlo. No sucederá lo mismo, sin embargo, con la tasa de basuras. Ésta, en principio, deberá ser pagada por el usuario de la vivienda. Él es, en definitiva, quien origina residuos en dicha vivienda.

También serán el titular y titulares de la misma los que deban pagar el seguro del hogar. Si la función principal de este seguro es pagar los daños que puedan causarse en la vivienda, tanto en el continente como en el contenido, lo lógico es que, si no se ha pactado algo distinto, sean los propietarios los que deban hacerse cargo de ese pago.

Lo mismo sucede con las cuotas del préstamo hipotecario. Si el préstamo hipotecario fue firmado por ambos cónyuges, son ambos los que deben hacer frente al pago proporcional de las diferentes cuotas. Si el préstamo hipotecario, sin embargo, se solicitó para financiar la rehabilitación de una vivienda privativa de uno solo de los cónyuges, tras el divorcio o separación será sólo el propietario de la misma el que deba hacer frente al pago de las cuotas de dicho préstamo.

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