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2Ene, 16
delito fiscal

Hablamos de delito fiscal al referirnos a aquel delito que comete una persona cuando, con plena conciencia y ánimo defraudatorio, defrauda a la Hacienda Pública una cantidad que supere los 120.000 euros.

Por debajo de los 120.000 euros se comete infracción administrativa. Esa infracción administrativa será perseguida por la correspondiente Administración tributaria.

En el caso de que el fraude se cometa contra la Hacienda de la Unión Europea se entenderá que se comete delito fiscal siempre que la cuantía defraudada supere los 50.000 euros.

Tipos de delito fiscal

El delito fiscal puede ser de distintos tipos:

  • Delito fiscal por no pagar impuestos estatales, autonómicos o locales.
  • Defraudación a la Seguridad Social.
  • Delitos contables.
  • Defraudación de fondos de los presupuestos de las Comunidades.
  • Obtención indebida de fondos de los presupuestos de las Comunidades.
  • Fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas públicas.

Resumiendo, puede entenderse que comete delito fiscal aquél que impaga tributos, disfruta indebidamente de beneficios fiscales, impaga las retenciones satisfechas u obtiene indebidamente devoluciones.

Penas por delito fiscal

La pena que la Ley impone al acusado de delito fiscal es de prisión de uno a cinco años, así como una multa que entre oscilará entre la cantidad no ingresada y esa misma cifra multiplicada por seis. El culpable de delito fiscal perderá, también, la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad social durante un período que oscilará entre los 3 y los 6 años.

Las penas señaladas se aplicarán en su mitad superior cuando se produzcan algunas de las siguientes situaciones:

  • Que el tributario se sirva de persona o personas interpuestas para ocultar su identidad.
  • Que la cantidad defraudada tenga especial trascendencia. Si se defrauda más de 600.000 euros a la Hacienda Pública o más de 120.000 euros a la Seguridad Social, el delito fiscal será castigado con pena de prisión de entre 2 y 6 años, una multa de entre el doble y el séxtuple de la cantidad defraudada y una pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad social durante un período que oscilará entre los 4 y los 8 años.
  • Que exista una estructura organizativa que afecte o pueda afectar a una pluralidad de tributarios.

Uno de los delitos fiscales que tiene tratamiento particular es el que comete aquél que, estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, incumpla dicha obligación, lleve contabilidades paralelas que oculten la situación real de la empresa, no hubiese anotado en los libros (o lo hubiera hecho erróneamente) las transacciones realizadas o hubiese realizado anotaciones ficticias. En estos casos, y siempre que la cantidad total omitida o simulada supere los 240.000 euros, la pena de prisión oscilará entre los 5 y los 7 meses.

Excusas absolutorias

Junto a estas condiciones que obligan a situar la pena en su mitad superior existen otras que permiten que el sujeto quede exento de responsabilidad penal. Esas condiciones reciben el nombre de excusas absolutorias y son las siguientes:

  • a) Que regularice su situación tributaria o reintegre las subvenciones, ayudas o desgravaciones obtenidas falsariamente incrementadas en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos. Esto debe hacerse antes de que le haya sido notificado la iniciación de algún tipo de actuación inspectora por parte del órgano defraudado.
  • b) Que la regularización o el reintegro, en caso de no existir notificación de iniciación de inspecciones por parte del órgano afectado, se realice antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el representante procesal de la Administración o el Letrado de la Seguridad Social interponga querella o denuncia.

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