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17Mar, 16
juicio social

Un trabajador tiene la posibilidad de acudir a los Juzgados de lo Social para reclamar contra cualquier tipo de decisión que, tomada por la empresa, implique una extinción o modificación del contrato de trabajo. También podrá acudir cuando desee reclamar unas cantidades adeudadas por la empresa o cuando se plantee algún tipo de conflicto que no pueda resolverse de otro modo.

Hay una serie de conflictos, sin embargo, que no pueden ser reclamados siguiendo los pasos que vamos a comentar en este post. Esos conflictos a los que nos referimos son:

  • Los que versan sobre la Seguridad Social.
  • Las que hacen referencia al disfrute de las vacaciones.
  • Las relativas a materia electoral.
  • Las referentes a la movilidad geográfica y a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • La suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • Las relativas a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Los de impugnación de convenios colectivos, los de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación.
  • Los de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
  • Los procesos de anulación de laudos arbitrales y los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, mediaciones y transacciones.
  • Causas en las que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.
  • Los relativos a la impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores.

Proceso de reclamación

Cuando se haya producido un hecho que se desee reclamar, el trabajador que quiera presentar una reclamación o demanda ante el Juzgado de lo Social dispondrá de un plazo de 20 días para hacerlo.

El plazo de 20 días se interrumpe mientras se tramita la Papeleta o Demanda de Conciliación que se debe presentar ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación. La llamada Papeleta de Conciliación se convertirá en reclamación administrativa previa cuando la entidad contra la que se dirija la reclamación sea un organismo público.

La reclamación administrativa previa y la papeleta de conciliación son requisitos previos imprescindibles para poder reclamar en la vía judicial social.

La papeleta de conciliación

¿Qué datos debe incluir la papeleta de conciliación? Fundamentalmente, y de manera resumida, los datos de la empresa, las circunstancias del trabajador y los hechos que hayan dado lugar a la reclamación.

Una vez presentada la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, éste deberá convocar a las partes a un acto en el que se intentará buscar una solución extrajudicial que ponga fin al conflicto entre empresario y trabajador. Este acto puede concluir:

  • Sin efecto. Esto sucede cuando alguien no se presenta al acto de conciliación.
  • Con avenencia. Los litigantes alcanzan un acuerdo.
  • Sin avenencia. Trabajador y empresa no alcanzan un acuerdo.

El acta de este acto de conciliación, en el que ambas partes deberán estar debidamente identificadas, deberá recoger el resultado del mismo. Esta acta deberá acompañar la demanda cuando ésta sea interpuesta ante el Juzgado de lo Social. Esto sucederá cuando una de las dos partes no acuda al acto de conciliación o cuando este concluya sin que se haya producido avenencia.

La reclamación administrativa previa

Como se ha indicado anteriormente, la reclamación administrativa previa debe presentarse cuando el trabajador intenta reclamar a un organismo público como pueden ser la Tesorería General de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre otros.

La reclamación administrativa previa se interpone ante el organismo contra el que se reclama. Esta reclamación puede ser, por ejemplo, contra la denegación de una pensión o de una incapacidad. El organismo ante el que se presenta la reclamación administrativa previa deberá contestar en el plazo de un mes. Una vez emitida la respuesta a la reclamación administrativa previa, el trabajador dispone de un plazo de 2 meses para interponer la demanda ante el Juzgado de lo Social correspondiente.

La demanda ante el Juzgado de lo Social

La demanda que se presente ante el Juzgado de lo Social deberá contener los datos del trabajador, los de la empresa, el lugar de trabajo y la categoría profesional del trabajador, así como la jornada, el salario y la antigüedad del mismo en la empresa. La demanda también deberá recoger también una relación clara y sucinta de los hechos que hayan dado lugar a la presentación de la demanda y una nota en la que se aclare si el trabajador ha ostentado u ostenta la cualidad de representante de los trabajadores, así como si está afiliado o no a algún sindicato.

Una vez presentada la demanda (que deberá ir firmada por el trabajador que la presente), el Juzgado notificará a la otra parte la demanda presentada y citará a trabajador y empresa a la celebración de juicio oral social.

El juicio oral en el Juzgado de lo Social

Al acto de juicio oral social deben acudir las partes litigantes. La comparecencia al juicio oral social no exige la asistencia de abogado, pero ésta siempre es recomendable para garantizar los derechos de las partes. Si el empresario es una persona jurídica deberá acudir el representante legal de la misma.

Iniciado el juicio oral social, el Juez intentará de nuevo que se consiga un acuerdo entre las partes. Si éste no se produce, el demandante deberá ratificarse en la demanda y solicitará el recibimiento del pleito a prueba. Tras él hablará el demandado.

La prueba, celebrada en el mismo acto del juicio oral social, incluirá documentos, declaraciones de los litigantes, de los testigos, de los peritos, etc.

Finalizada la parte de prueba, las partes formularán sus conclusiones y el juicio quedará “visto para sentencia”.

Una vez dictada la sentencia, la parte disconforme con la misma podrá interponer recurso de apelación en un plazo de 5 días y ante el mismo Juzgado de lo Social que dictó la Sentencia. Este recurso se tramitará ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia correspondiente.

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