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2Sep, 15
tutela

La tutela es una institución jurídica que tiene como finalidad proteger tanto a los menores y a los incapacitados como a sus bienes. Esa protección se debe realizar bajo la salvaguarda de la autoridad judicial, que es quien da la orden para inscribir el cargo en el Registro Civil.

La autoridad judicial, que es quien designa al tutor, junto al Ministerio Fiscal, deben supervisar el ejercicio de una tutela que afecta tanto a la dimensión personal del tutelado como a su dimensión patrimonial. En el primer caso, el tutor se encarga de proteger y garantizar los derechos y la mejora de vida del tutelado, así como de gestionar los apoyos y los servicios que lo hagan posible. En el segundo caso, el tutor tendrá que realizar una gestión eficiente del patrimonio del tutelado.

Para asegurar que lo señalado anteriormente se cumpla, el tutor rendirá cuentas de su gestión y administración de bienes ante el Juez. Será el Juez también, en todo caso, quien deberá autorizarle para realizar cualquiera de los siguientes actos:

  • Dar o tomar dinero a préstamo.
  • Disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.
  • Internar al tutelado en un establecimiento de educación, formación especial o salud mental.
  • Enajenar o gravar bienes inmuebles o celebrar contratos o realizar actos que, teniendo carácter dispositivo, sean susceptibles de inscripción.
  • Aceptar o repudiar una herencia sin beneficio de inventario.
  • Ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.

Tutelados y tutores

¿Quiénes pueden ser tutelados? La ley señala que pueden estar sujetos a tutela los menores no emancipados que no se encuentren bajo la patria potestad, los incapacitados (siempre que la sentencia de incapacitación lo haya establecido), los menores que se encuentren en situación de desamparo y los menores sujetos a la patria potestad prorrogada.

La tutela, por su parte, puede ser ejercida por cualquier persona física o jurídica que no posea ánimo de lucro. Los padres pueden señalar en sus testamentos quién quiere que sea el tutor de sus hijos. También puede señalar a su propio tutor una persona que, con la capacidad de obrar suficiente, prevea que pueda ser incapacitada judicialmente en el futuro. Esta persona realizará dicha designación mediante un documento público notarial.

Estas decisiones vincularán al Juez, que constituirá la tutela atendiendo a ellas. Sin embargo, si el Juez considerara que dichas decisiones no benefician al menor o incapacitado, tomará la decisión que considere oportuna y realizará la designación de tutor que él considere más conveniente.

En cualquier caso no podrán ser declarados tutores:

  • las personas que, por sentencia judicial, estén privados o suspendidos del ejercicio de la patria potestad;
  • los que hubieran sido removidos judicialmente de una tutela anterior;
  • los condenados a pena privativa de libertad (mientras cumplen condena);
  • los condenados por cualquier delito que haga suponer que no va a ejercer de manera responsable y adecuada la tutela;
  • los que no puedan ejercerla en modo alguno;
  • las personas de mala conducta y a las que no se les conozca manera de vivir;
  • los quebrados y concursados no rehabilitados (excepto que la tutela sólo se refiera a la persona y no a su patrimonio);
  • los que tuvieran enemistad manifiesta con el tutelado;
  • los excluidos expresamente por el padre o la madre en sus disposiciones testamentarias.

El orden de prelación a la hora de nombrar tutor, por su parte, es el siguiente:

  1. El designado por el propio tutelado.
  2. El cónyuge que conviva con el tutelado.
  3. El padre.
  4. Persona o personas designados por los padres en sus testamentos.
  5. Ascendiente, descendiente o hermano que designe el Juez.

Este orden, sin embargo, no vincula al Juez en modo alguno, ya que éste que puede alterarlo conforme crea oportuno o, incluso, puede designar como a tutor a cualquiera que, por sus relaciones con el tutelado, considere más idóneo. Para ello, el Juez tendrá en cuenta lo que es prioritario en todo caso: el beneficio y los intereses del tutelado.

La tutela ejercida por las fundaciones tutelares será siempre una tutela subsidiaria y se ejercerá en aquellos casos en los que el tutelado se encuentre en situación de desamparo familiar o social.

Procedimiento de nombramiento de tutor

Para que se inicie el proceso de nombramiento de tutor es necesario que el Juez o el Ministerio Fiscal sepan de la existencia de la persona que debe ser tutelada y de las circunstancias que hacen que sea así. Conocido el caso, o Juez o Ministerio Fiscal actuarán de oficio para constituir la tutela.

Ésta, a su vez, puede ser promovida:

  • por los parientes llamados a ejercerla,
  • por la persona bajo cuya guarda se encuentre el menor o incapacitado,
  • por cualquier persona que, conociendo el hecho determinante de la tutela, la ponga en conocimiento del Juez o el Fiscal.

Conocido el caso por el Juez, éste ordenará la celebración de una audiencia a la que serán convocados los familiares más cercanos al tutelado, así como cualquier persona que el Juez considere oportuna. En dicha audiencia, si el tutelado tiene suficiente juicio y una edad superior a doce años, se escuchará su opinión. Se comprobará, también, toda la documentación existente, en especial si se está intentando constituir la tutela por incapacidad.

Atendiendo a todos los datos aportados y a las opiniones de todas las partes implicadas, la autoridad judicial dictará la resolución de constitución de tutela.

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